El informe encontró que las mujeres de bajos ingresos tienen más probabilidades de acabar en pobreza extrema o perder sus trabajos debido a la falta de acceso a servicios de aborto.
Hace más de un año, la Corte Suprema anuló el fallo de Roe vs. Wade, el caso histórico de 1973 que allanó el derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos, dejando a millones de mujeres lidiando con las consecuencias, y las latinas estarían entre las más afectadas.
Más de tres millones de latinas que viven en los 26 estados donde el aborto está prohibido o es probable que se prohíba viven con inseguridad financiera, lo que significa que sus ingresos familiares están por debajo del 200% del umbral federal de pobreza, según un nuevo informe de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias y el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva.
Eso es cerca de la mitad de los casi 6.7 millones de latinas que viven en esos estados, lo que representa el grupo más grande de mujeres de color afectadas por la decisión del máximo tribunal.
Las mujeres con inseguridad financiera tienen más probabilidades de verse afectadas por prohibiciones y restricciones estatales, señala el informe, porque es probable que carezcan de fondos para viajar a otro estado para recibir servicios relacionados al aborto. La falta de acceso al aborto también aumenta la posibilidad de que se vean empujadas a una pobreza más profunda.
"Una economía sólida requiere que las personas puedan tener libertad y acceso a lo que necesitan para tomar las mejores decisiones", dijo Lupe M. Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva. "La economía está formada por todos nosotros".
"Los efectos de que la gente no pueda tomar decisiones por sí mismos y no puedan participar plenamente en la economía impacta a todos", añadió.
“La inseguridad económica es una barrera adicional”
Las mujeres que trabajan en empleos de bajos ingresos tienen menos probabilidades de tener los fondos necesarios para viajar a otro estado para recibir tratamiento abortivo, según expertos.
"La inseguridad económica es una barrera adicional", dijo Shaina Goodman, directora de salud y derechos reproductivos de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias.
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Según el informe, aproximadamente 1.4 millones de latinas en estos 26 estados con restricciones al aborto trabajan en ocupaciones de la industria del servicio. Es menos probable que estos trabajos proporcionen beneficios como tiempo de enfermedad remunerado, y el horario no es flexible para las citas médicas, encontró el informe.
En general, las mujeres hispanas o latinas están sobrerrepresentadas en ocupaciones de bajos salarios, como camareras y empleadas de limpieza. Esto las lleva a tener una de las mayores brechas salariales entre las mujeres, pagando sólo 52 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano.
Los ingresos medios de los trabajadores hispanos o latinos son más bajos que los de otros grupos raciales y étnicos. Los trabajadores hispanos o latinos de 16 años o más obtuvieron un ingreso semanal promedio de $788 en el segundo trimestre de 2023, según descubrió el Departamento de. Trabajo.
"Seguiremos viendo las consecuencias económicas de la decisión Dobbs en las comunidades de color, particularmente las latinas", dijo Candace Gibson, directora de relaciones gubernamentales del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva.
"La vida no debería reducirse a la economía"
Las mujeres de bajos ingresos a las que se les niega la atención médica relacionada al aborto tienen más probabilidades de "correr el riesgo de verse empujadas aún más a la pobreza", añadió Goodman.
Las mujeres a las que se les niega un aborto tienen tres veces más probabilidades de perder sus trabajos y cuatro veces más probabilidades de caer por debajo del nivel federal de pobreza, según el programa Advancing New Standards in Reproductive Health.
Sin embargo, "la vida no debe reducirse a la economía o a cuestiones de finanzas personales", dijo Rachel Greszler, investigadora principal de la Heritage Foundation, un grupo conservador.
"No podemos permitir que un inconveniente financiero sea una justificación para poner fin a una vida", dijo.
El año pasado, el presidente Joe Biden promulgó Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas (PWFA, por sus siglas en inglés), que exige que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables a las empleadas embarazadas, como tiempo libre, dijo Greszler. Se aplica a empresas con 15 o más empleados.
Si bien el mandato no exige que los empleadores concedan tiempo libre remunerado ni cubran los costos del aborto, "la ley ahora es ley y cubre absolutamente a las trabajadoras embarazadas", dijo Greszler.
Varios legisladores han introducido legislación para ayudar a abordar los problemas que a menudo enfrentan las personas embarazadas y brindar apoyo a los futuros padres, dijo Penny Nance, directora ejecutiva y presidenta de Concerned Women for America, una organización conservadora de políticas públicas con sede en Washington DC.
"Las mujeres que represento, incluidas muchas latinas, creen que el sistema ya le ha fallado a cualquier mujer que sienta que debe recurrir al aborto porque no tiene otra opción", dijo Nance.
"La información es poder y creemos que si las mujeres saben que hay apoyo para su decisión, elegirán la vida", agregó.
— Traducción hecha por Sergio Cándido, jefe de redacción, TELEMUNDO Digital.
