El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó el sábado una ley para reforzar las protecciones contra el desalojo de los inquilinos y cerrar un vacío legal en una ley existente que ha permitido a los propietarios eludir el límite de alquiler del estado.
La medida actualiza una ley histórica de 2019 que creó reglas sobre los desalojos y estableció un límite de alquiler del 5% más la tasa de inflación, con un máximo del 10%.
Según la ley de 2019, los propietarios pueden desalojar a los inquilinos por motivos “con culpa” o “sin culpa”. Las razones de “culpa” incluyen la falta de pago del alquiler a tiempo. Según las reglas de “sin culpa”, los propietarios pueden rescindir los contratos de arrendamiento diciendo que necesitan mudarse a las unidades, hacer reparaciones o sacar las unidades del mercado de alquiler.
Los defensores de los inquilinos dijeron que algunos propietarios han aprovechado los desalojos “sin culpa” para eludir el tope de alquiler estatal. Señalaron un caso en el condado Santa Clara en el que un propietario desalojó a los inquilinos, citando la necesidad de trasladar a familiares, pero luego volvió a poner en alquiler las unidades a casi el doble del precio.
Según la nueva ley, los propietarios que se mudan a sus unidades o las alquilan a una familia también deben identificar a las personas que se mudan. Además, el alquiler debe ocuparse dentro de los tres meses posteriores al desalojo y deben vivir en la unidad durante al menos un año. Quienes desalojan a inquilinos para remodelar propiedades deben incluir copias de permisos o contratos, entre otros detalles, al entregar avisos de desalojo.
Los propietarios que no cumplan tendrán que permitir que los inquilinos desalojados regresen según los términos del contrato de arrendamiento originales.
“Hoy es una victoria para todos los californianos”, dijo Michelle Pariset, directora de asuntos legislativos de Public Advocates, el grupo que patrocinó la legislación. “¡Gracias a esta ley, más vecinos nuestros podrán quedarse en sus casas!”
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La ley, redactada por la senadora estatal demócrata María Elena Durazo, también permite al fiscal general, al gobierno local y a los inquilinos demandar a los propietarios por desalojos injustificados y aumentos ilegales de alquileres.
Los defensores dijeron que han trabajado con varios gobiernos locales para cerrar la laguna jurídica, pero la nueva ley garantizará que los propietarios de todo el estado ya no puedan abusar del sistema.
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El proyecto de ley enfrentó una feroz reacción a principios de este año por parte de poderosos grupos de propietarios, quienes dijeron que los cambios iban demasiado lejos y presionaron con éxito a los legisladores para que eliminaran una disposición que buscaba reducir el límite de alquiler del estado al 5%.
