California ya ha comenzado a luchar contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, presentó varias demandas contra el presidente en las primeras nueve semanas de su gobierno y se preparaba para emprender nuevas acciones legales el jueves tras la firma del decreto de Trump, que podría afectar significativamente a las escuelas de California.
Bonta anunció la semana pasada que California encabeza una demanda junto con otros 20 estados para impedir que el gobierno de Trump despida a casi la mitad del personal del Departamento de Educación, una medida que, alegan, es "ilegal e inconstitucional".
El gobierno de Trump afirmó que los recortes son necesarios para eliminar la "sobrecarga burocrática".
Bonta afirmó que el desmantelamiento del departamento tendrá consecuencias catastróficas para los distritos escolares de California. Indicó que los despidos y la pérdida del Departamento de Educación también perjudicarían los programas que ayudan a niños de familias de bajos ingresos, brindan capacitación vocacional y hacen cumplir las leyes contra la discriminación.
"Muchas de las cosas que estamos viendo son precisamente para lo que nos preparamos", dijo Bonta.
A principios de este año, el gobernador Gavin Newsom anunció que el estado destinaría $25 millones al Departamento de Justicia de California para luchar contra el gobierno de Trump en los tribunales y proteger los valores progresistas del estado.
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Bonta indicó el jueves a NBC Bay Area que su departamento todavía está usando ese dinero para aumentar la contratación de equipos de litigio adicionales.
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