SAN DIEGO - Existe desacuerdo entre los grupos de defensa de la vivienda y de los derechos de los inquilinos en torno a la Propuesta 33, una medida que otorgaría a los ayuntamientos un mayor poder para controlar los precios de los alquileres.
Desde hace casi tres décadas, California aplica la Ley Costa-Hawkins, que limita la capacidad de las ciudades de aplicar políticas destinadas a regular los alquileres.
Los ayuntamientos ya no pueden imponer el control de los alquileres en viviendas unifamiliares o apartamentos construidos después de 1995. Cuando un nuevo inquilino se instala, los propietarios pueden fijar sus propias tarifas de alquiler.
La Propuesta 33 pretende cambiar eso y dar a las ciudades el poder de establecer el control de alquileres para cualquier tipo de vivienda. Medidas similares fueron rechazadas por los votantes en 2018 y 2020.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, se suma a un creciente grupo de alcaldes de todo el condado -y de todos los sectores- que se oponen a la medida.
California YIMBY también está en contra de la proposición. Los opositores han recaudado casi $70 millones y afirman que las medidas de control de alquileres alejarían a los constructores y agravarían la escasez de viviendas.
"En San Diego, nuestras políticas de vivienda están empezando a dar resultados, incrementando la oferta de viviendas, y estamos empezando a ver descensos reales en los alquileres. Esta medida podría socavar nuestros esfuerzos, paralizar la construcción de viviendas y revertir el avance que tanto nos ha costado lograr", dijo Gloria en una declaración a NBC 7.
California
Los defensores de la medida, que llevan recaudados unos $20 millones, afirman que algo tiene que cambiar en un estado en el que, según el Instituto de Políticas Públicas de California, alrededor del 30% de los inquilinos gasta más de la mitad de sus ingresos en alquiler. Afirman que los gobiernos locales deberían tener la potestad de especificar la política de vivienda en función de las necesidades locales.
El Partido Demócrata de California y las organizaciones Inquilinos Juntos y La Vivienda es un Derecho Humano, figuran entre los defensores de la medida.
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