Existe discordia entre los grupos de defensa de la vivienda y los de los derechos de los inquilinos sobre la cuestión de la Propuesta 33, una medida que daría a los gobiernos municipales un mayor poder para controlar los costos de los alquileres.
Durante casi tres décadas, California ha tenido en vigor la ley "Costa-Hawkins", que restringe la capacidad de una ciudad en términos de implementar políticas de control de alquileres. Las ciudades no pueden imponer el control de alquileres en viviendas unifamiliares o apartamentos construidos después de 1995. Cuando un nuevo inquilino se muda, los propietarios pueden establecer sus propias tarifas de alquiler.
La Propuesta 33 tiene como objetivo cambiar eso y dar a las ciudades el poder de establecer un control de alquileres para cualquier tipo de vivienda. Los votantes rechazaron medidas similares en 2018 y 2020.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, se suma a un coro cada vez mayor de alcaldes de todo el condado (y de todos los partidos) que se oponen a la medida. California YIMBY también está en contra de la propuesta.
Los opositores han recaudado casi $70 millones y dicen que las restricciones del control de alquileres alejarán a los desarrolladores y, en última instancia, empeorarán la escasez de viviendas.
"En San Diego, nuestras políticas de vivienda están empezando a dar resultados, aumentando la oferta de viviendas y estamos empezando a ver disminuciones nominales en los alquileres. Esta medida socavaría nuestros esfuerzos, paralizaría la construcción de viviendas y revertiría el progreso que hemos trabajado tan duro para lograr", dijo Gloria en una declaración a NBC 7.
Los partidarios de la medida, que han recaudado unos $20 millones, afirman que algo tiene que cambiar en un estado donde, según el Instituto de Políticas Públicas de California, alrededor del 30% de los inquilinos gasta más de la mitad de sus ingresos en el alquiler.
Afirman que los gobiernos locales deberían tener la capacidad de especificar la política de vivienda en función de las necesidades de la zona.
Entre los partidarios se encuentran el Partido Demócrata de California y las organizaciones Tenants Together y Housing is a Human Right.
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