El objetivo es brindar asesoramiento y orientación sobre cómo responder a las políticas migratorias de la Administración Trump.
La Junta de Supervisores del condado Alameda destinó el martes $2,2 millones a un conjunto de servicios diseñados para proteger a las comunidades de inmigrantes y refugiados de la región.
En su reunión ordinaria, los supervisores aprobaron por unanimidad la solicitud del Comité Ad Hoc "Juntos para Todos" del condado Alameda, cuyo objetivo es brindar asesoramiento y orientación sobre cómo responder a las políticas migratorias de la Administración Trump.
La supervisora Nikki Fortunato Bas, quien preside el comité y presentó el plan de gastos a la junta junto con la supervisora Elisa Márquez, afirmó que planean ampliar los esfuerzos del comité ante las continuas medidas federales enérgicas contra la inmigración.
"Estoy comprometida, y creo que la supervisora Márquez también lo está, a garantizar que la junta y el público tengan más información y que este trabajo sea realmente eficaz para llegar a cada persona de esta comunidad que esté potencialmente en riesgo", declaró Fortunato Bas.
La aprobación de la junta libera fondos para diversas organizaciones de apoyo legal y para inmigrantes, incluyendo $700,000 para la Alianza de Inmigración, Legal y Educación del condado Alameda para establecer una Línea Directa de Respuesta Rápida, organizar sesiones de capacitación sobre "conozca sus derechos" y gestionar servicios legales preventivos, entre otras actividades de divulgación.
También destina $500,000 a Trabajadores Unidos para la formación de coaliciones y para brindar a las comunidades inmigrantes capacitación, ayuda mutua y recursos vecinales, y $1 millón a la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes para servicios legales.
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"Para el trabajo comunitario, la propuesta es que el condado financie la mitad del presupuesto de un año y se esté recaudando fondos privados para financiar la otra mitad", dijo Fortunato Bas. "Se desarrollará más capacidad y se podrá contratar más personal a medida que se reciban más recursos".
El supervisor David Haubert señaló que los esfuerzos del condado son similares a construir un avión mientras se vuela, ya que se crean o amplían rápidamente programas y servicios en respuesta a lo que se percibe como una necesidad urgente de asistencia en las comunidades inmigrantes del condado.
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Haubert también enfatizó que no toda la carga financiera recae sobre el condado.
"Es importante destacar que se trata de un esfuerzo comunitario. Es una colaboración público-privada, lo cual es fantástico", dijo.
El martes, la junta también votó a favor de otorgar $50,000 del presupuesto de la oficina de Fortunato Bas a Asian Pacific Islander Legal Outreach para impartir capacitación sobre "conozca sus derechos" y financiar servicios legales.
Este dinero se suma a los $1.3 millones que la junta aprobó en febrero para aumentar la capacidad de la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público del condado Alameda, que brinda defensa contra la deportación y servicios legales a clientes inmigrantes que enfrentan la expulsión del país.
