La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) está desplegando agentes en todo el país para sumar esfuerzos con autoridades locales y federales para controlar las protestas violentas por la muerte esta semana del afroamericano George Floyd cuando estaba bajo custodia policial en Mineápolis.
La CBP está autorizada a actuar en una zona de hasta 100 millas desde cualquier frontera terrestre o marítima del país, lo que abarca a dos tercios de la población de EEUU, o unos 200 millones de personas, incluidos estados enteros como Florida.
Pero en esta ocasión, explicó su director interino, Mark Morgan, lo hacen por "todo el país" a pedido de autoridades federales, estatales y locales que enfrentan las "acciones ilegales" de los manifestantes violentos.
En un comunicado, la agencia destacó que no buscan hacer cumplir su rol migratorio sino solo contribuir con otros oficiales.
Morgan asegura que esta misión es en "conformidad con las leyes federales", a pesar de realizarla en todo el país y no sólo en la frontera como suele ser su área de trabajo habitual.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó la decisión de desplegar a unos agentes de CBP que tienen un "historial de abuso y mal uso del poder".
En su opinión, se trata de "error que amenaza la vida de aún más" personas de grupos minoritarios.
Otros activistas ya han alertado del riesgo que supone la presencia de agentes fronterizos en las calles del país, como la "soñadora" Astrid Silva que pidió que tengan cuidado los indocumentados y jóvenes amparados por el programa oficial Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que los protege de la deportación a miles de jóvenes.
"Haz lo que tu conciencia te diga pero entiende que es peligroso ser arrestado", dijo Silva, que recordó que cualquier falta menor puede llevar a ser detenido y, posteriormente, deportado.
Esta no es la primera que agentes de CBP participan en situaciones similares. También dieron apoyo durante las protestas por el caso Rodney King en Los Ángeles en 1991 y durante la respuesta federal por el huracán Katrina en Nueva Orleans.
Autoridades locales y estatales están pidiendo ayuda para controlar protestas violentas, que se han saldado con centenares de detenidos en las principales ciudades del país, que han decretado el toque de queda.
Estados como Minesota, Ohio, Colorado, Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Norte, Pensilnavia, Dakota del Sur, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia han activado a miles de efectivos militares de la Guardia Nacional para intentar reconducir la situación.
El propio presidente Donald Trump pidió mano dura contra los manifestantes y expresó a las autoridades estatales su disposición de enviar al Ejército para aplacar los disturbios.
La chispa de las protestas violentas saltó después de la muerte el lunes pasado de Floyd después de ser detenido por agentes de Mineápolis (Minesota).
Uno de los uniformados permaneció durante nueve minutos con su rodilla sobre el cuello de la víctima que imploró ayuda para poder respirar, momento que fue grabado por un transeúnte y subido a las redes sociales, lo que desató esta nueva ola de protestas a nivel nacional por la violencia policial y el racismo.
