La última vez que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, rumores sobre redadas de inmigración aterrorizaron a algunas comunidades escolares.
Se corrió la voz de que agentes de inmigración tratarían de entrar a las escuelas. No había nada de cierto en ello, pero el personal escolar tuvo que encontrar a estudiantes que estaban evitando ir a la escuela y convencerlos de que regresaran a clases.
“La gente simplemente comenzó a eludirla y esconderse”, dijo Balderas.
Los educadores de toda la nación se preparan para la turbulencia, independientemente de si el presidente electo cumple o no su promesa de deportar a millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente. Incluso si sólo habla de ello, los hijos de los inmigrantes sufrirán, reportaron educadores y observadores jurídicos.
Si “constantemente amenazas a la gente con la posibilidad de una deportación masiva, eso realmente inhibe la capacidad de las personas para funcionar en la sociedad y para que sus hijos obtengan una educación”, dijo Hiroshi Motomura, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles (UCLA).
Para muchos, el miedo ya comenzó.
“Los niños todavía vienen a la escuela, pero están asustados”, dijo Almudena Abeyta, superintendente de las Escuelas Públicas de Chelsea, un suburbio de Boston que desde hace tiempo ha sido la primera parada para los inmigrantes centroamericanos que llegan a Massachusetts. Ahora hay haitianos que están estableciéndose en la ciudad y envían a sus hijos a las aulas allí.
EEUU
“Preguntan: ‘¿Nos van a deportar?’”, agregó Abeyta.
Muchos padres en su distrito crecieron en países donde el gobierno federal administra las escuelas y podrían pensar que en Estados Unidos sucede lo mismo. Al día siguiente de los comicios, Abeyta envió una carta a sus casas en la que les aseguró a los padres que sus hijos son bienvenidos y están seguros, sin importar quién sea el presidente del país.
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Los funcionarios de inmigración han evitado arrestar a los padres o estudiantes en las escuelas. Desde 2011, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha operado bajo una política de que los agentes de inmigración no deben arrestar ni realizar otras acciones policiales cerca de “lugares delicados”, tales como escuelas, hospitales y lugares de culto. Hacerlo podría limitar el acceso a servicios esenciales, escribió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una actualización de políticas de 2021.
El Proyecto 2025, el plan de acción de la Heritage Foundation —una institución conservadora de investigación— para el segundo mandato de Trump, exige rescindir la directriz sobre los “lugares delicados”. Trump intentó distanciarse de las propuestas en dicho proyecto durante la campaña, pero ha nominado a muchos de los que trabajaron en el plan para que ocupen puestos en su nuevo gobierno, incluido a Tom Homan para que sea su “zar de la frontera”.
Si los agentes de inmigración arrestaran a un padre mientras deja a sus hijos en la escuela, ello podría desencadenar un pánico masivo, dijo Angelica Salas, directora ejecutiva del grupo activista Coalition for Humane Immigrant Rights en Los Ángeles.
“Si algo sucede en una escuela, se propaga como un reguero de pólvora y los niños dejan de asistir a la escuela”, expuso.
Balderas, que ahora es superintendente en Beaverton, un suburbio de Portland, dijo al comité escolar este mes que era hora de prepararse para un gobierno de Trump más decidido. Si los agentes migratorios actúan en las escuelas, Beaverton capacitará al personal para no permitir que ingresen a ellas.
“Con Trump puede ocurrir cualquier cosa”, dijo Balderas, que también es presidente de la Asociación de Superintendentes Escolares (ASSA, por su siglas en inglés). “Si algo pasa, siento que sucederá mucho más rápido que la vez pasada”.
Muchos funcionarios escolares se muestran reacios a hablar sobre sus planes o preocupaciones, algunos por miedo a llamar la atención sobre sus estudiantes inmigrantes. Un administrador escolar, el cual atiende a muchos hijos de inmigrantes mexicanos y centroamericanos en la región centro-norte de Estados Unidos, dijo que su escuela ha invitado a abogados de inmigración para ayudar a los padres a formalizar planes para el cuidado de sus hijos en caso de que sean deportados. El administrador habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a dar declaraciones a los medios.
Hablar en nombre de las familias inmigrantes también puede poner a los superintendentes en desacuerdo con los miembros de la junta escolar.
“Este es un asunto muy delicado”, dijo Viridiana Carrizales, directora ejecutiva de ImmSchools, una organización sin fines de lucro que capacita a las escuelas para apoyar a los estudiantes inmigrantes.
Ha recibido 30 solicitudes de ayuda desde las elecciones, incluidas dos de superintendentes de Texas que no creen que sus juntas escolares conservadoras aprobarían ratificar públicamente el derecho de los estudiantes inmigrantes a asistir a la escuela ni los planes de distrito para rechazar a los agentes de inmigración.
Más de dos docenas de superintendentes y representantes de comunicaciones de distrito contactados por The Associated Press ignoraron o declinaron las solicitudes para que dieran comentarios.
“Esto es tan especulativo que preferiríamos no hacer comentarios sobre el tema”, escribió Scott Pribble, portavoz de las Escuelas Públicas de Denver.
La ciudad de Denver ha ayudado a más de 40.000 inmigrantes en los últimos dos años, ya sea ofreciéndoles albergue o un boleto de autobús a otro lugar. Se encuentra a un costado de Aurora, una de las dos ciudades donde Trump ha dicho que comenzaría sus deportaciones masivas.
Cuando se le pidió información adicional, Pribble respondió: “Las Escuelas Públicas de Denver monitorean la situación mientras continuamos prestando servicio, apoyo y protección a todos nuestros estudiantes, como siempre lo hemos hecho”.
Al igual que varios distritos de ciudades grandes, la junta escolar de Denver aprobó una resolución durante el primer gobierno de Trump en la que prometía proteger a sus estudiantes de las autoridades de inmigración que fueran tras ellos o su información. Según la resolución de 2017, Denver no “les concederá el acceso a nuestros estudiantes” a menos que los agentes federales proporcionen una orden de registro válida.
El argumento ha sido que los alumnos no pueden aprender si temen que los agentes de inmigración se los llevarán a ellos o a sus padres mientras están en el campus. Los distritos escolares también dicen que estas políticas reafirman el derecho constitucional de sus estudiantes a recibir una educación pública y gratuita, independientemente de su estatus migratorio.
