El parlamento de Corea del Sur votó el sábado a favor de abrir un juicio político al presidente, Yoon Suk Yeol, por su breve decreto de ley marcial, una reprimenda histórica que fue celebrada por multitudes exultantes que describieron el resultado como otro momento de rebeldía en la sólida trayectoria democrática de la nación.
La Asamblea Nacional aprobó la moción para su destitución por 204 votos a favor y 85 en contra. Los poderes y deberes presidenciales de Yoon quedarán suspendidos y el primer ministro, Han Duck-soo, el segundo funcionario con más poder del país, asumirá su autoridad una vez que se entreguen copias de un documento sobre el proceso de juicio político a él y al Tribunal Constitucional.
El tribunal tiene hasta 180 días para determinar si cesa a Yoon o si restaura sus poderes. Si es destituido, las elecciones para elegir a su sucesor deben celebrarse en el plazo de 60 días.
Fue la segunda vez que la cámara votó una moción de juicio político contra el mandatario. El sábado pasado, Yoon sobrevivió a una votación similar gracias al boicot de la mayoría de los legisladores del partido gobernante. Desde entonces, algunos diputados del Partido del Poder Popular habían anunciado su intención de votar a favor de la destitución, a medida que las protestas públicas contra el dirigente se han intensificado desde entonces y su índice de aprobación ha caído.
El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, dijo que el juicio político a Yoon fue un resultado impulsado por “el ardiente deseo de democracia, el coraje y la dedicación del pueblo”.
Cientos de miles de personas congregadas en las inmediaciones del parlamento rugieron de júbilo, agitaron pancartas y blandieron varitas luminosas de K-pop, mientras un activista gritaba en el escenario ”¡Hemos preservado el orden constitucional!”
En una plaza central de la capital, Seúl, otra enorme multitud de seguidores de Yoon se mostraron apagados tras enterarse del resultado. Ambas movilizaciones han sido en gran medida pacíficas.
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En un comunicado, Yoon dijo que “nunca se rendirá” y pidió a las autoridades que mantengan la estabilidad en las funciones gubernamentales durante lo que describió como una “pausa temporal” de su presidencia.
“Guardando en mi corazón todas las críticas, ánimos y apoyos dirigidos hacia mí, haré lo mejor por el país hasta el último momento”, afirmó.
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El decreto de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre fue el primero en más de cuatro décadas en el país. Estuvo apenas seis horas en vigor, pero causó inestabilidad política, paralizó la actividad diplomática y sacudió los mercados financieros. Yoon se vio obligado a levantar su decreto luego de que el parlamento votó su anulación por unanimidad.
Después de declarar la ley marcial, Yoon envió cientos de soldados y agentes de policía al parlamento para tratar de impedir la votación, pero se retiraron tras el resultado. No se produjeron actos de violencia.
Los partidos de oposición y muchos expertos acusan a Yoon de rebelión basándose en una cláusula de la ley que categoriza como rebelión el hecho de orquestar un motín contra las autoridades estatales establecidas con el propósito de socavar la Constitución. También aseguran que, por ley, un presidente en Corea del Sur solo está autorizado a declarar la ley marcial durante una guerra o en emergencias similares, y no tiene derecho de suspender la actividad de la Asamblea Nacional ni siquiera bajo la ley marcial.
La moción de juicio político alega que Yoon “cometió una rebelión que perjudica la paz de la República de Corea al organizar una serie de disturbios”. Indica que la movilización de fuerzas militares y policiales de Yoon amenazó a la Asamblea Nacional y a la población y que su decreto de ley marcial tenía como objetivo perturbar la Constitución.
En un encendido discurso el jueves, Yoon rechazó los cargos de rebelión y calificó su orden como un acto de gobernanza. El mandatario conservador dijo que su objetivo era emitir una advertencia al principal partido de oposición liberal, el Partido Democrático, al que tachó de “monstruo” y “fuerzas antiestatales” y apuntó que, según él, ha utilizado su poder legislativo para destituir a altos funcionarios y socavar el proyecto de ley de presupuestos del gobierno para el próximo año. Afirmó que el despliegue de tropas buscaba mantener el orden, no perturbarlo.
El líder del Partido Democrático, Lee Jae-myung, calificó el discurso de Yoon como una “alocada declaración de guerra” contra su propio pueblo.
Los observadores señalaron que el discurso de Yoon sugirió su enfoque en los preparativos legales para defender su decreto de ley marcial ante el Tribunal Constitucional, aunque las encuestas de opinión mostraron que más del 70% de los surcoreanos apoyaban su destitución. Una encuesta publicada el viernes situó el índice de aprobación de Yoon en el 11%, el más bajo desde que asumió el cargo en 2022.
Algunas de las afirmaciones de Yoon no concuerdan con el testimonio de algunos comandantes militares cuyas tropas fueron desplegadas en la Asamblea.
Kwak Jong-keun, comandante del Comando de Guerra Especial del Ejército, dijo que después del anuncio de la ley marcial el presidente lo llamó y le pidió a sus tropas que “destruyeran rápidamente la puerta y sacaran a los legisladores que estaban dentro”. Kwak dijo que no cumplió con las órdenes.
Yoon es el tercer presidente surcoreano que enfrenta un juicio político mientras estaban en activo. En 2016, el parlamento destituyó a Park Geun-hye, la primera mujer presidenta, por un escándalo de corrupción. El Tribunal Constitucional confirmó su destitución y la cesó del cargo.
En 2004, Roh Moo-hyun fue sometido al proceso en el parlamento por una supuesta violación de la ley electoral, pero el tribunal anuló más tarde la destitución y restauró sus poderes presidenciales. Roh se suicidó en 2009, después de haber dejado el cargo, en medio de un escándalo de corrupción que involucraba a su familia.
Yoon tiene prohibido salir del país mientras las autoridades policiales investigan si él y otros implicados en el decreto de ley marcial cometieron rebelión, abuso de poder y otros delitos. Si es condenado, el líder de un complot de rebelión puede enfrentar una sentencia de pena de muerte o cadena perpetua.
El mandatario cuenta con inmunidad penal, pero no cubre las acusaciones de rebelión o traición. Por ello, podría ser investigado, detenido, arrestado o acusado por su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan que las autoridades lo detengan de manera forzosa debido al posible enfrentamiento con su servicio de seguridad presidencial.
El ministro de Defensa, el jefe de policía y el jefe de la agencia de policía metropolitana de Seúl han sido arrestados por su papel en el caso. Otros altos funcionarios militares y gubernamentales también están siendo investigados.
