Inmigración

Se trata de Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y Stephen Miller, anterior consejero en la Casa Blanca.

Personas de 17 países, incluyendo Haití, Afganistán, Sudán y recientemente Líbano, pueden acogerse actualmente al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Pese a las promesas de deportaciones masivas de Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero próximo, migrantes indicaron que la violencia los obliga a salir de Honduras.

El plan también incluiría reiniciar la política de detención de padres con sus hijos, conocida como detención familiar, que los defensores de los inmigrantes han criticado.

El nuevo “zar de la frontera” advirtió que la operación de deportaciones será la más grande en la historia y habrá redadas en los trabajos.

El presidente electo Donald J. Trump ganó la Casa Blanca basándose en parte en sus promesas de frenar la inmigración, con políticas específicas como las deportaciones masivas.

Homan promueve posturas de línea dura en materia de inmigración y anteriormente prometió “dirigir la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás”.

Una coalición de estados demandó al Departamento de Seguridad Nacional para frenar esta norma del presidente Joe Biden.

Los funcionarios de Seguridad Nacional reiteraron que aún no han visto un aumento en el número de migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Con el triunfo del exmandatario, crece la preocupación de la comunidad hispana por una de sus principales promesas de campaña. Hablamos con un abogado de inmigración.

El desasosiego es especialmente notable entre aquellos que son solicitantes de asilo y que prontamente serán recibidos en Estados Unidos.

A partir del viernes 1 de noviembre decenas de miles de beneficiarios de DACA podrán inscribirse para la cobertura de seguro médico bajo la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) por primera vez.

Abogados alegan que ICE ha retenido $300 millones de pagos de fianzas no devueltas a quienes dieron el dinero en efectivo, para liberar a sus amigos o familiares detenidos.