Virginia.- El Tribunal de Apelaciones del 4° Circuito de los Estados Unidos dijo el miércoles que una regla de la administración Trump que prohíbe la residencia permanente para inmigrantes que se considere que necesitan beneficios del gobierno, como asistencia de vivienda y alimentos, es razonable y anuló un mandato emitido por un juez federal de Maryland.
El tribunal, en una decisión 2-1, dijo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) otorga al poder ejecutivo una amplia discreción para decidir quién califica como "carga público", y el término no se aplica solo a los inmigrantes que dependen principalmente de los beneficios del gobierno como el juez había encontrado.
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De acuerdo al Washington Post, a pesar de la decisión del 4º Circuito la regla sigue bloqueada por el momento debido a un mandato nacional separado emitido por un juez de Nueva York a fines de julio.
La orden prohíbe al gobierno hacer cumplir la regla durante la emergencia de salud nacional declarada en respuesta a la pandemia de coronavirus.
Otra batalla en corte
Un día antes, el martes 4 de agosto, otro tribunal de apelaciones dictaminó que un juez anuló correctamente la nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional que entró en vigencia a principios de este año.
El Tribunal de Apelaciones del 2° Circuito de los Estados Unidos confirmó un fallo de octubre del Juez George B. Daniels, pero solo dejó que se aplicara a Nueva York, Vermont y Connecticut, conforme a un fallo de la Corte Suprema. La corte de apelaciones dijo que la norma ya ha tenido un efecto irreparable en el uso no ciudadano de los beneficios públicos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido que la regla probablemente dará como resultado peores resultados de salud, incluida una mayor obesidad y desnutrición, la propagación de enfermedades transmisibles y mayores tasas de pobreza e inestabilidad de la vivienda, señaló el tribunal. "Por decir lo menos, el interés público no favorece la implementación inmediata de la Regla", dijo.
La demanda de negar la residencia permanente a quienes reciben diversas formas de asistencia pública ha sido impugnada con éxito por cinco demandas en todo el país. El 2º Circuito dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no proporcionó una explicación razonada para expandir significativamente lo que constituye una "carga pública" o alguien destinado a depender de la asistencia pública.
Según las viejas reglas, las personas que usaban beneficios no monetarios, incluidos cupones de alimentos y Medicaid, no eran penalizados. El panel de tres jueces dijo que los estados de Nueva York, Connecticut, Vermont y la ciudad de Nueva York, junto con cinco organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios legales y sociales a no ciudadanos, probablemente probarían que la nueva norma era "arbitraria y caprichosa".
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. En un fallo escrito por el juez de circuito Gerard E. Lynch, el segundo circuito dijo que el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso tienen "nociones dramáticamente diferentes" de lo que significa ser una "carga pública".
El Congreso, dijo, cree que el término se aplica a un no ciudadano que no puede ganarse la vida y carece de fondos suficientes o de alguien dispuesto a asegurar que no se necesitará el apoyo público.
El Departamento de Seguridad Nacional cree que se aplica a cualquier persona que pueda acceder a cualquier cantidad de beneficios durante un número limitado de meses, incluso si los beneficios tienen criterios de elegibilidad relativamente generosos destinados a ayudar a quienes viven muy por encima del nivel de pobreza, dijo el 2º Circuito.
El tribunal de apelaciones dijo que la definición de "carga pública" estaba bien definida en 1996 para excluir los beneficios diseñados para complementar los esfuerzos de una persona o familia para mantenerse a sí mismos en lugar de lidiar con su probable incapacidad permanente para hacerlo. Señaló que el 60% de los beneficiarios de Medicaid que no son niños, adultos mayores o personas con discapacidad están empleados.
El 2º Circuito dijo que el Departamento de Seguridad Nacional ahora "hace que la recepción de una amplia gama de beneficios públicos, incluso a corto plazo, sea la definición misma de" carga pública ". Esa definición extremadamente amplia no está de acuerdo con la ley".
