El juez sostuvo en el documento que el impacto económico para Estados Unidos sería significativo si los planes de la secretaria Noem se concretan.
El juez federal del Distrito Norte de California, Edward Chen, impidió que el gobierno de Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 ciudadanos venezolanos, cuya finalización había ordenado la secretaria del DHS, Kristi Noem, el 7 de abril de 2025, según un documento de corte.
“El Tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, escribió el juez Chen.
“Al mismo tiempo, el gobierno no ha identificado ningún daño compensatorio real al mantener el TPS para los beneficiarios venezolanos. Los demandantes también han demostrado que probablemente lograrán demostrar que las acciones de la secretaria no están autorizadas por ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añadió.
El juez Chen sostuvo en el documento que el impacto económico para Estados Unidos sería significativo si los planes de la secretaria Kristi Noem se concretan.
"Si los beneficiarios del TPS de Venezuela pierden su autorización de trabajo bajo el programa, habrá impactos económicos adicionales en Estados Unidos y las comunidades donde residen actualmente. El costo para las empresas de reemplazar a los empleados despedidos del TPS podría ascender a $1,300 millones de dólares".
Chen también estableció que la afirmación del Gobierno de que los beneficiarios venezolanos del TPS representan algún tipo de peligro para el país o las comunidades donde viven carece totalmente de fundamento.
"En la medida en que el gobierno sostiene que existe una amenaza por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua ("TdA")", escribe, "no ha demostrado que ningún beneficiario venezolano del TPS sea miembro de la pandilla o tenga vínculos con ella".
Si bien las acciones del Secretario parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la clase social (insinuando que fueron liberados de prisiones y centros de salud mental venezolanos e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales), el historial indiscutible establece lo siguiente:
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- Los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel educativo superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen título universitario).
- Presentan altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%).
- Perciben casi la totalidad de sus ingresos personales (96%)
- Contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos a la seguridad social.
- También presentan tasas de criminalidad más bajas que la población general estadounidense, escribió Chen.
Esta orden se dictó en el marco de una demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS, entre otros.
