Rob Bonta, procurador estatal de California, anunció el martes que llegaron a un acuerdo legal luego de demandar a la empresa Invitation Homes quienes fueron acusados de incrementar la renta por encima de lo permitido por la ley a inquilinos de 1,900 vivienda en el estado desde el 2019 al 2022.
“Invitation Homes tiene la obligación como cualquier otro dueño de propiedad de seguir la ley, y ellos son los más grandes en cuanto alquiler de casas individuales”, aseguró Bonta.
Según la demanda los aumentos violaban la Ley de Protección del Inquilino de California aprobada en 2019.
Una abogada experta en leyes de vivienda explicó que, a nivel estatal, esta puso un límite a cuánto se puede incrementar cada año la renta.
“Es 5% más inflación, entonces ahora yo creo que es 7% este año, ese es el límite o 10%, lo que sea menor, cubre a propiedades con más de 15 años de antigüedad y casas rentadas por corporaciones como en este caso”, indicó Leah Simon Weisberg, abogada de Center for Movement Legal Services.
También los acusaron de violar la ley contra la usura, que prohíbe grandes incrementos durante estados de emergencia como la pandemia.
“Cuando hay una emergencia no se puede subir la renta más de 10%”, afirmó Weisberg.
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La procuraduría aclaró que la compañía a través de auditorías internas ya había detectado que había un problema y había iniciado el proceso de aliviar algunos sobrecargos, antes de que se iniciara esta investigación.
En un comunicado Invitation Homes se mostró complacido de llegar a un acuerdo rápido, y mutuamente favorable.
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"Seguimos orgullosos de nuestro negocio en general y en este caso de nuestra transparencia, cooperación oportuna, y compromiso activo con el departamento de justicia".
Además de los $2 millones en multas, Invitation Homes tendrá que reembolsar a sus inquilinos el monto extra que les cobró, más 5% de intereses, lo que equivale a un 1,600,000 extras.
“Estamos en una crisis de vivienda, en una emergencia y necesitamos todas las herramientas a la mano para enfrentar este reto, lo que incluye proteger a los inquilinos de enfrentar incrementos ilegales”, dijo Bonta.
Las personas tienen que tener en cuenta que además del límite que existe a nivel estatal, jurisdicciones locales pueden tener restricciones más estrictas de cuanto le pueden incrementar.
