Los grupos de defensa de la comunidad LGBTQ+ elogiaron una nueva ley de California que prohíbe a los distritos escolares exigir que se notifique a los padres sobre el cambio de identificación de género de sus hijos, mientras que los opositores dijeron que la prohibición dificulta que las escuelas sean transparentes con los progenitores.
El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó el lunes la primera ley del país que prohíbe a los distritos exigir al personal escolar revelar la identidad de género u orientación sexual de un estudiante a cualquier otra persona sin el permiso del menor, con algunas excepciones. También requiere que el Departamento de Educación del estado desarrolle recursos para familias de estudiantes LGBTQ+ desde el séptimo grado hasta la escuela secundaria. La ley entrará en vigor en enero.
Los defensores de la prohibición dicen que ayudará a proteger a los estudiantes transgénero y no conformes con su género que viven en hogares poco acogedores.
"Esta legislación crítica fortalece las protecciones para los jóvenes LGBTQ+ contra las políticas de salidas del armario forzadas, proporciona recursos para que los padres y familias de estudiantes LGBTQ+ los apoyen mientras mantienen conversaciones en sus términos, y crea salvaguardias críticas para evitar represalias contra los maestros y el personal escolar que fomentan un ambiente escolar seguro y de apoyo para todos los estudiantes", expresó Tony Hoang, director ejecutivo del grupo de defensa de la comunidad LGBTQ+, Equality California, en un comunicado.
Pero algunos grupos conservadores, incluido el California Family Council, dijeron que la nueva ley viola los derechos de los padres.
"Este proyecto de ley socava su papel fundamental y coloca a niños y niñas en peligro potencial", indicó Jonathan Keller, presidente del California Family Council, en un comunicado. "Las mamás y los papás tienen un mandato constitucional y divino para guiar y proteger a sus hijos, y (la ley) AB 1955 viola flagrantemente este encargo sagrado", agregó.
La nueva ley surge después de que varios distritos escolares de California aprobaran políticas que exigen que se notifique a los padres si un menor solicita cambiar su identificación de género. Eso provocó la oposición de los funcionarios estatales demócratas, quienes afirman que los estudiantes tienen derecho a la privacidad. A nivel nacional, legisladores, familias y activistas han estado debatiendo los derechos de los distritos escolares locales, los padres y los estudiantes LGBTQ+.
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Al menos seis estados exigen que las escuelas notifiquen a los padres cuando un menor revela que es transgénero o pide que se le llame con un pronombre diferente, según un informe de The Associated Press: Alabama, Arkansas, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Virginia pidió a las juntas escolares que adoptaran políticas similares, pero no tiene una ley.
Arizona e Idaho también exigen que las escuelas proporcionen cierta información a los padres, pero no especifican la expresión de género ni la orientación sexual.
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En Nueva Jersey, el fiscal general Matt Platkin demandó el año pasado a cuatro distritos escolares, alegando que sus políticas violan una ley contra la discriminación que permite compartir información sobre la expresión de género con la familia de un estudiante solo con su permiso o si existe un riesgo para la salud y seguridad del menor.
Grupos conservadores como el Pacific Justice Institute, el Goldwater Institute y Family Policy Alliance han intentado intervenir en la demanda.
Los estados también han intervenido en las demandas sobre cómo los distritos escolares locales han manejado a los estudiantes transgénero. El año pasado, por ejemplo, 23 fiscales generales estatales republicanos presentaron un escrito para apoyar a una madre de Chico, California, que afirmó que los funcionarios escolares permitieron a su hijo realizar una transición socialmente sin su permiso. Unos 16 fiscales generales demócratas presentaron un escrito opuesto.
El portavoz de Newsom, Brandon Richards, dijo que la nueva ley de California "mantendrá a los niños seguros y al mismo tiempo protegerá el papel fundamental de los padres".
"Protege la relación entre padres e hijos al impedir que los políticos y el personal escolar intervengan de manera inapropiada en asuntos familiares e intenten controlar si, cuándo y cómo las familias tienen conversaciones profundamente personales", expresó Richards en un comunicado.
