Pacific Gas & Electric presentó el miércoles ante los reguladores estatales su argumento a favor de aumentar las tarifas para ajustarse a los crecientes costos operativos y reducir los riesgos de sus operaciones.
La compañía pretende aumentar las tarifas en aproximadamente un 22%, afirmando que eso no sólo tiene en cuenta la inflación sino también el alto precio del gas natural al por mayor. Además de eso, quiere ingresos adicionales para reducir el riesgo.
Uno de esos proyectos: colocar 2,100 millas de líneas eléctricas bajo tierra para reducir la amenaza de que esas líneas provoquen un incendio forestal en áreas de alto riesgo.
"PG&E ha evolucionado a partir de reaccionar y responder a los eventos", dijo el director ejecutivo de la compañía, Sumeet Singh, "y ahora somos mejores que eso y ustedes necesitan que lo seamos".
La Comisión de Servicios Públicos de California, que escuchó los argumentos el miércoles, necesitaría aprobar un aumento antes de que entre en vigor.
"Necesitamos invertir en programas y herramientas para garantizar que podamos continuar respaldando nuestras prácticas de gestión de riesgos en evolución, y ahora no es el momento de dejar de invertir en seguridad", dijo Singh.
La CPUC respondió al plan de PG&E con una propuesta que solo incluiría un aumento del 12%.
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Los defensores del cliente dicen que el plan de PG&E podría ascender a $50 más por mes para la factura promedio. En comparación, la contrapropuesta del estado costaría alrededor de $28 más por mes.
"Eso es mucho dinero para la gente", dijo Kary Morsony, abogado de The Utility Reform Network. “Los clientes de California están sufriendo. Lo están desde hace un tiempo. Las cargas energéticas han ido aumentando”.
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El plan de la CPUC aprueba algo de soterramiento, pero se centraría más en aislar las líneas eléctricas para evitar que provoquen un incendio forestal.
Los críticos del plan dicen que es bueno que PG&E se centre en la seguridad, pero que un aumento del 22% era demasiado pedir.
“Es muy fácil tener grandes ideas y hacer proclamas cuando se gasta el dinero de otra persona”, dijo Kevin Johnson, de la Federación de Oficinas Agrícolas de California. “Durante demasiado tiempo, tanto el Estado como las empresas de servicios públicos han considerado a los contribuyentes como una alcancía interminable”.
La CPUC podría tomar una decisión en su próxima reunión, celebrada el 2 de noviembre.
