SAN JOSÉ, California - La exdirectora ejecutiva de un sindicato policial del norte de California se declaró culpable el martes en un tribunal federal de los cargos de importación ilegal de píldoras opioides sintéticas de India y otros países.
Joanne Marian Segovia, quien fue directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Policía de San José, fue acusada el año pasado de importar ilegalmente miles de pastillas de valerilfentanilo. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
La declaración de culpabilidad de Segovia ante un juez federal en San José fue parte de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, que accedió a reducir la severidad de sus cargos, informó el Mercury News. Ella sólo dijo "sí" cuando el juez le pidió que confirmara y demostrara que entendía su declaración de culpabilidad, informó el periódico.
A partir de 2015, Segovia recibió docenas de envíos de drogas por correo a su casa de San José desde India, Hong Kong, Hungría y Singapur con manifiestos que enumeraban su contenido como "regalos de fiesta de bodas", "maquillaje de regalo", "chocolate y dulces" y "suplemento alimenticio", según una denuncia penal federal.
Segovia en ocasiones utilizó su computadora del trabajo para hacer los pedidos y al menos una vez usó la cuenta UPS del sindicato para enviar las drogas dentro del país, dijeron los fiscales federales.
La asociación policial despidió a Segovia después de completar una investigación interna inicial tras los cargos. La mujer, una civil, había trabajado para el sindicato desde 2003, planificando funerales para los policías que mueren en el cumplimiento del deber, siendo el enlace entre el departamento y las familias de los oficiales, y organizando festividades en la oficina y recaudaciones de fondos, se indicó.
Los fiscales federales expresaron que en 2019, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un paquete que se enviaba a su domicilio y que contenía Tramadol, un opioide sintético, por valor de $5,000, y le enviaron una carta en la que le informaban que estaban incautando las pastillas.
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Al año siguiente, la CBP interceptó un envío de Tramadol valorado en $700 y le envió una carta de incautación, según consta en los registros judiciales.
Pero los funcionarios federales no comenzaron a investigar a Segovia hasta 2022, cuando encontraron su nombre y dirección en el teléfono celular de un presunto traficante de drogas que formaba parte de una red que envía sustancias controladas fabricadas en la India al Área de la Bahía de San Francisco, según la denuncia.
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Esa red de tráfico de drogas ha distribuido cientos de miles de pastillas en 48 estados, dijeron los fiscales federales.
