El altercado que sostuvo una vendedora ambulante de perros calientes y oficiales de policía de San Francisco el domingo ha generado preguntas sobre cómo funcionan estos operativos y sus regulaciones.
Minutos antes, Ana Luisa, quien estaba con su hijo pequeño y se le escuchaba llorar en el video, intentaba prevenir que se llevaran su carrito, acto que terminó en su detención.
Según el reporte de la policía se le están otorgando cargos por ataque a un oficial gubernamental y obstrucción de un operativo
Ana Luisa fue liberada, pero le decomisaron su carrito y le dieron una citación a corte.
“Ciertos delitos tales como los que acaban de describir pueden hacer que un inmigrante indocumentado sea deportarle o inadmisible, si el delito menor incluye resistencia a la autoridad o involucra violencia o agresividad usualmente la clasificación de ese crimen involucra algo que le llamamos vileza moral, crime involving moral o un delito grave bajo la ley de migración”, explicó Zulma Muñoz, abogada de migración de Muñoz Law.
Ana Luisa dijo que se sigue recuperando, y que no ha podido volver a salir a vender. Agregó que está buscando asistencia legal.
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Telemundo 48 se comunicó con los dos departamentos de Obras Públicas y Salud Pública de San Francisco, que se involucran junto a la policía y el puerto para estos operativos y les preguntamos sobre el protocolo que siguen sus oficiales al remover a los vendedores que no tienen permiso.
Ambos nos refirieron al departamento de policía pero nos informaron que realizan estos operativos los siete días de la semana y que parte de su aplicación de la ley es decomisar durante el proceso propiedades si éstas no cumplen con las medidas de salubridad.
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“Y al decomisarles el carrito ni se los van a devolver y es una gran pérdida para muchos”, dijo Carlos Solórzano, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco.
Solorzano dijo que según el código de la ciudad seguirán realizando estos operativos los siete días de la semana por lo que tienen dos recomendaciones, piden a los vendedores que inicien el proceso para conseguir los permisos requeridos por la ciudad, su costo es de $471 al año, que asegura es menos que las pérdidas por un decomiso o peor, por cargos en su contra.
La segunda recomendación es que en caso de que ya se vea frente a uno de estos operativos, para evitar que escalen o impongan cargos en su contra es importante:
“También mantener la calma y el respeto, aunque es una situación muy triste y estresante es importante mantener la calma y tratar a los oficiales con respeto para evitar, por ejemplo, hacer movimientos bruscos o discutir con la policía, muy importante que no proporcione información falsa porque eso puede resultar en cargos adicionales y buscar asistencia legal inmediatamente”, afirmó Muñoz.
Además, autoridades de la ciudad indicaron que antes de decomisar propiedades, los operativos buscan informar a los vendedores sobre las regulaciones, así que la abogada Muñoz sugiere lo siguiente:
“Y la manera que uno puede contestar, es decir honestamente: no, no tengo permiso para tener este carrito y preguntar al oficial, ¿qué debí hacer para regularizar la situación? esto muestra que uno quiere cooperar y resolver el problema”, dijo Muñoz.
