Exdirector de Pemex se queda preso en España; México prepara solicitud de extradición

Un juez de la Audiencia Nacional española ve riesgo de fuga de Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya detenido
EFE

MADRID - El exdirector de la Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya fue enviado este jueves a prisión provisional en España, donde puede permanecer 45 días mientras se decide su extradición a México por un supuesto fraude de $280 millones.

Lozoya, de 45 años, fue detenido ayer miércoles cuando salía de una lujosa urbanización de la zona turística de la Costa del Sol, provincia de Málaga, en el sur de España, y hoy jueves declaró por videoconferencia ante un juez de la Audiencia Nacional española, ya que todavía no ha sido trasladado a Madrid.

Tras la declaración, el magistrado decidió en un auto enviar a prisión a Lozoya por "fundado riesgo de fuga", al no tener arraigo en España y ante la gravedad de la pena que se le puede imponer, de 15 años de prisión.

MÉXICO, 45 DÍAS PARA SOLICITAR LA EXTRADICIÓN

Las autoridades mexicanas, que tienen ahora 45 días para presentar la solicitud de extradición, le atribuyen un delito de "operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Lozoya, sobre el que pesaba una orden de busca y captura internacional desde mayo de 2019 por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fue director de la estatal Pemex entre 2012 y 2016, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En su declaración de hoy, Lozoya se opuso a ser entregado a México y declaró que llegó a España hace solo dos días.

Sin embargo, la Policía Nacional española informó de que había sido localizado en la provincia de Málaga a principios de este año, tras meses de investigaciones en colaboración con la Fiscalía mexicana.

Los agentes españoles interceptaron a Lozoya cuando salía a bordo de un taxi de la urbanización La Zagaleta, un lugar ocupado por exclusivas viviendas para multimillonarios a pocos kilómetros de la ciudad de Marbella, un centro vacacional de alto nivel.

En el momento de su detención, Lozoya -quien no opuso resistencia a los agentes- llevaba como identificación una licencia de conducir mexicana falsificada, con su fotografía pero el nombre de otra persona.

AMLO acusa a Peña Nieto de despilfarrar dinero.

"De lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia", señala hoy el auto del juez.

Lozoya fue trasladado inicialmente a los calabozos de los juzgados de Marbella, desde los que hoy declaró por vídeoconferencia, y posteriormente a una prisión no detallada.

Según la Policía española, el presunto fraude lo habría cometido entre 2012 y 2013 como responsable de un "entramado de corrupción" acusado de recibir sobornos de Odebrecht.

Esta ha sido una de las principales batallas de Andrés Manuel López Obrador desde antes su investidura.

DETENCIÓN COMPLICADA POR SU ALTO NIVEL ECONÓMICO

Tras su fuga comenzó la colaboración entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional, con la que se obtuvieron indicios que situaban a Lozoya en varias localidades españolas, pero "el alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales" complicaban su localización, según la Policía española.

La orden mexicana de detención internacional detalla que Lozoya adquirió un bien inmueble "con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita" y con el propósito de ocultar el origen de esos fondos.

Ello se habría hecho en colaboración con otros dos imputados: su hermana Gilda Susana Lozoya y el empresario Alonso Ancira Elizondo, detenido también en España en mayo del año pasado.

Además, la propia madre de Lozoya fue detenida en Alemania en julio de 2019 acusada de lavado de dinero.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió hoy en que se logrará la extradición de Lozoya, en declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa.

"Yo pienso que sí (será extraditado) porque la Fiscalía está realizando su trabajo muy bien", dijo el presidente, quien recalcó el objetivo de "que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad".

La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora había admitido que pagó unos $788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

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