MÉXICO - El gobierno de Japón informó este martes que aportará $1.8 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México para mejorar la atención migratoria en la frontera sur de este país.
Mediante la firma de una carta, que se llevó a cabo en la secretaría de Relaciones Exteriores de México, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard; el representante de la OIM en México, Christopher Gascón, y el embajador de Japón en México, Yasushi Takase, acordaron la implementación del "Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades de Albergues y otras instalaciones en la Frontera Sur de México".
"El gobierno del Japón aportará $1.8 millones a la Organización Internacional para las Migraciones, con el fin de mejorar la atención a los migrantes centroamericanos en México", declaró el embajador Takase durante la firma de la carta.
En las últimas semanas, varias ONG han criticado las condiciones de salubridad de varios albergues migratorios.
Sin hacer referencia al tema, el diplomático japonés explicó que esa contribución "estará destinada principalmente para mejorar la capacidad de los albergues y otras instalaciones especializadas en la atención a personas migrantes".
Recordó que Japón tiene como pilar de su política exterior la filosofía de la "Seguridad Humana", y en la Cumbre del G20 de Osaka -celebrada a mediados de 2019- los líderes del mundo confirmaron su compromiso de continuar el diálogo en temas como la migración y los refugiados internacionales, y expresaron su preocupación sobre el desplazamiento masivo de personas.
En su turno de palabra, el representante de la OIM explicó que el proyecto busca la mejora de la infraestructura de instalaciones donde se alojan personas migrantes en la frontera sur.
"La OIM desarrollará un diagnóstico que permita realizar una selección objetiva de las instalaciones existentes que serán fortalecidas", declaró Gascon.
Explicó que con el apoyo de expertos se desarrollarán planes para el fortalecimiento de la infraestructura, los cuales serán consensuados con las personas a cargo de estos establecimientos y, en su caso, con las instituciones gubernamentales pertinentes.
El representante de la OIM apuntó que también se desarrollarán talleres "que permitan fortalecer las capacidades del personal a cargo de estas instalaciones en temas de administración", además de la identificación de personas que podrían encontrarse en situación vulnerable para optimizar los canales de vinculación con las instituciones correspondientes, así como de otros estándares internacionales implementados por la Organización en otros contextos.
Dijo que con estas acciones "se espera alcanzar una complementariedad que permita a las personas migrantes acceder a una mejora integral en las condiciones de estancia y atención en los lugares donde se alojan en la frontera sur".
Mientras que Ebrard dijo que la carta que este día se suscribe "es una muestra de que existe una coalición internacional en favor de encontrar las vías para encontrar una migración, segura, ordena y regular".
Ebrard dijo que para que la migración no sea forzada por inseguridad o pobreza "es importante cambiar el tránsito" y que éste se cada vez mejor con mejores instalaciones y personal.
Dijo que "el fondo del asunto es (dar a migrantes) opciones de desarrollo ya que la migración no es problema de seguridad sino de desarrollo".
El plan es que en 30 meses se vean los cambios en las instalaciones migratorias en la frontera sur de México.
A finales de enero, en la frontera sur de México, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias frenaron el intento de miles de centroamericanos, en caravana, de cruzar el país para llegar hasta Estados Unidos.
La actuación gubernamental ha sido duramente criticada por varias ONG y expertos, mientras que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que se ha actuado acorde a la ley y respetando siempre los derechos humanos.
Pero las organizaciones de derechos humanos acusaron al Estado mexicano de aplicar una política migratoria opaca, errática y desordenada que vulnera los derechos de los migrantes y que se hizo presente en enero durante la última y fallida caravana centroamericana.
Adicionalmente, la salubridad de algunos albergues migratorios fue muy criticada recientemente por diversas ONG y parte de la clase política, e incluso se criticó al Gobierno federal por impedir, denunciaron, la visita a varios centros.
