MÉXICO - México no solo logró que Estados Unidos devolviera al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para ser investigado por fiscales mexicanos, sino que ahora también quiere procesar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.
Un funcionario federal dijo el domingo a The Associated Press que la Fiscalía General de la República emitió el viernes una orden de captura contra García Luna y que ahora “se está valorando la viabilidad de iniciar un proceso de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
El funcionario, que pidió el anonimato por no estar autorizado a formular declaraciones públicas, agregó que la orden de captura contra García Luna es por enriquecimiento ilícito de casi 28 millones de pesos, más de $1.3 millones.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y se le consideró uno de los hombres clave en la guerra contra el crimen organizado que se inició durante esa administración. Fue arrestado en diciembre de 2019 en Texas y actualmente está preso en Nueva York.
En octubre, el juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York, le leyó los cinco cargos que enfrenta ahora después de que un jurado investigador lo declarara culpable de nuevos delitos y el mexicano se declaró inocente.
García Luna era el exfuncionario mexicano de más alto cargo capturado en Estados Unidos hasta la detención en octubre de Cienfuegos, en un hecho totalmente inesperado que indignó al gobierno mexicano porque las autoridades estadounidenses no les habían informado al respecto.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre consideró a García Luna como ejemplo de cómo gobiernos anteriores fueron corrompidos por el crimen organizado. Sin embargo, en el caso de quien fuera jefe del ejército con su predecesor, Enrique Peña Nieto, puso en duda la validez de las pruebas en contra del militar.
Cienfuegos había sido acusado de varios delitos también vinculados al narcotráfico, pero como México consideró que el no informarles de las pesquisas incumplía los acuerdos bilaterales inició una fuerte presión diplomática -amenazando incluso con revisar toda la cooperación en materia de seguridad- hasta que consiguió que Estados Unidos retirara los cargos contra el militar y el general regresara al país como un hombre libre aunque con el compromiso de ser investigado.
Al día siguiente de su retorno, el canciller Marcelo Ebrard subrayó que México no quiere que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos, aunque previamente había indicado que no podía compararse el caso de Cienfuegos al de García Luna porque el exsecretario de Seguridad era residente en Estados Unidos.
Uno de los nuevos cargos que pesa contra García Luna en la corte neoyorquina es el de pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en 2008, 42,000 kilogramos en 2007 y otras tres operaciones en el 2002 y 2003.
También se le acusa de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína y de haber mentido en el 2018 a las autoridades fronterizas estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.
La fiscalía dijo tener más de 189,000 páginas de pruebas contra el exsecretario que, en el pasado, se ha declarado inocente cuando fue acusado de recibir enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara droga a sus anchas.
El gobierno estadounidense ha dicho que espera que el juicio contra el mexicano, cuya próxima audiencia está prevista para el 7 de diciembre, dure de dos a tres meses.
Si México decide iniciar finalmente los trámites para la extradición, el proceso podría llevar meses, sobre todo si el implicado apela. Autoridades estadounidenses estimaron que el juicio en Nueva York podría durar dos o tres meses.
No está claro si el objetivo sería traerlo al país antes que pueda ser sentenciado allí o si, como ha ocurrido en el pasado, las autoridades mexicanas lo harían después de que cumpliera una eventual condena en Estados Unidos, como ha ocurrido en otras ocasiones.
El regreso del general Cienfuegos fue inmediato porque se retiraron los cargos y quedó libre ya que en México no había ninguna orden de aprehensión en su contra.
El militar, de 72 años, fue acusado formalmente en secreto por un jurado investigador federal en 2019 en Nueva York de confabulación con el Cártel H-2 en México para traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana cuando fue secretario de la Defensa de 2012 a 2018.
Según la fiscalía, mensajes interceptados mostraron que Cienfuegos aceptó sobornos a cambio de garantizar que el ejército no combatiera a ese cártel y que se emprendieran operaciones contra grupos delictivos rivales. También se le acusó de presentar a jefes del cartel a otras autoridades mexicanas corruptas.
Las autoridades estadounidenses dijeron que las pruebas en su contra eran sólidas pero en un movimiento totalmente extraordinario y en pleno proceso post-electoral en Estados Unidos, la administración de Donald Trump optó por retirar los cargos y devolver al general a México, donde los militares ya habían mostrado su enojo por la detención.
El regreso del militar suscitó fuertes críticas de quienes consideran que México no lo enjuiciará pero el canciller Ebrard se comprometió a que no haya impunidad y dijo que la fiscalía mexicana ya recibió todas las pruebas por parte de sus homólogos estadounidenses.
“Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con los Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada”, señaló Ebrard. “Eso sería casi suicida”.
